Urbanismo sostiene que el velatorio del Cristo carece de autorización para acceder al edificio a través de la plaza

Santiago Pérez recuerda que la licencia de edificación fue concedida “en plena campaña de las últimas elecciones, sin que se hiciera público por el anterior Gobierno municipal”

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Santiago Pérez. concejal de Ordenación del Territorio y director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna.
Santiago Pérez. concejal de Ordenación del Territorio y director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna.

El concejal de Ordenación del Territorio y director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, compareció este lunes en rueda de prensa para explicar la situación generada a raíz de la inauguración de un velatorio en la Plaza del Cristo. “Ese edificio, por mucho que la inauguración se haya efectuado a efectos publicitarios e informativos, no puede ser utilizado, porque para acceder a través de la plaza es precisa una autorización que la empresa no tiene”, aseguró Santiago Pérez, añadiendo que “el hecho de que la empresa y la Esclavitud del Cristo de La Laguna obtuvieran en su día licencia para edificar, eso no significa que tengan derecho a pasar por la Plaza del Cristo para acceder a ese edificio y prestar sus servicios”. 

El concejal trazó un relato de los hechos que han generado esta situación. “Desde el año 2018 se supo de la intención, tanto por parte de la Esclavitud del Cristo como de una importante empresa de pompas fúnebres, Mémora, de realizar una serie de actuaciones en uno de los edificios contiguos a la Iglesia del Cristo para instalar un velatorio”, explicó. “Desde que se empezaron a tener esas noticias, el Gobierno municipal de entonces pudo haber puesto en marcha un procedimiento de modificación menor del Plan Especial de Protección, que podría haber frenado preventivamente este proyecto si realmente lo consideraba impropio o inadecuado para los usos y para la naturaleza de ese espacio público tan importante para la ciudad de la Laguna. Pero no lo hizo. Ese procedimiento le hubiera permitido al Gobierno adoptar la suspensión de licencias para usos y actividades contrarios al objeto y finalidad de la modificación del planeamiento; pero no lo hizo. Y esto se discutió en el pleno del Ayuntamiento de Laguna y yo fijé una posición, que es la posición que ahora estoy describiendo”. 

“Con el paso del tiempo, ya asumida por mi parte la dirección de la Gerencia de Urbanismo, tuvimos noticia por una denuncia presentada por los colectivos ciudadanos de que se habían iniciado obras en ese inmueble. Comprobé que la licencia de edificación se les había dado a los interesados el 8 de mayo de 2019, en plena campaña de las últimas elecciones municipales y sin que eso se hiciera público por el anterior Gobierno municipal. Se hizo una comprobación encargada por mi parte y se llegó a la conclusión de que la licencia, con arreglo al planeamiento vigente, era legal. La licencia es un acto reglado, de tal manera que la autoridad administrativa no puede negarla, porque incurriría en graves responsabilidades jurídicas. En aquellos momentos se llegó a sugerir que se revocara la licencia, pero esa revocación hubiera sido profundamente ilegal. La seguridad jurídica me parece un elemento crucial en el funcionamiento de las administraciones públicas y en las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía”. 

Habida cuenta de la situación, Santiago Pérez convocó una reunión a la que asistieron altos directivos de la empresa. “Yo les planteé que la licencia les autorizaba a realizar las obras y en su día a ejercer la actividad, pero no les autorizaba a utilizar intensamente, lo que se conoce como un uso especial, el espacio público de la plaza para acceder en su actividad empresarial a las instalaciones del nuevo velatorio. Y les expliqué que, además de la licencia urbanística, el uso de la plaza con esas características requería de una autorización”. 

Al contrario que la licencia urbanística, que es un acto reglado, la autorización es un acto discrecional. “Esto no significa eso que la administración pueda hacer lo que quiera arbitrariamente; pero sí que tiene un margen de apreciación para valorar todos los factores y todos los intereses que están en juego: tanto el interés legítimo de esa empresa y de la Esclavitud del Cristo, como de los intereses públicos que el Ayuntamiento debe preservar”.  

En aquella reunión Santiago Pérez planteó a la empresa una solución alternativa, que era acceder por el subsuelo a través del espacio del aparcamiento público bajo la plaza. Esta opción, que también habría requerido una autorización, afectaba mucho menos el uso de la plaza. La empresa planteó como alternativa la posibilidad de abrir un acceso desde la parte posterior del edificio, algo que se rechazó desde la Gerencia “porque implicaría hipotecar un espacio que hoy pertenece al Ministerio de Defensa, pero que la Laguna aspira a adquirirlo por cesión del Ministerio de Defensa, y que es un espacio que en el futuro está lleno de potencialidades estratégicas”, relató el concejal.  

“La empresa pareció entender sugerencias que les hice en nombre del Ayuntamiento, pero nunca presentó en el registro de la Gerencia un proyecto que, en todo caso, tendría que haber costeado esa empresa. En consecuencia, nunca se tramitó un procedimiento orientado a conceder licencia y en su caso autorización para acceder a ese edificio por el aparcamiento subterráneo. De tal manera que esta empresa ha terminado las obras, ha presentado una comunicación previa, que es el título que le habilita iniciar las actividades y la gestión del servicio, pero en ningún momento, que nos conste, ha solicitado ni obtenido la autorización por parte del Ayuntamiento para ese uso especial, casi un uso privativo, del espacio de la plaza, para acceder al edificio”.  

“La Plaza del Cristo tiene una importancia extraordinaria en la historia, en el presente y en el futuro de nuestra ciudad. A mí me parece que los representantes de la Coalición Canaria debieran haber tenido la decencia de reconocer en algún momento que esa licencia la dieron ellos. Como el actual Gobierno, a través de este concejal, ha tenido la honestidad de decir que la licencia estaba bien dada y que por estar bien dada no era revocable jurídicamente. Me parece que son dos culturas distintas: una, la cultura del disimulo, de la ocultación, del ‘pasarse de listos’, que diría el inolvidable amigo Pedro Molina, y otra es la cultura de la transparencia y de la decencia, que es la que intenta poner en práctica el actual Gobierno”, concluyó el presidente de la Gerencia de Urbanismo