Es conocida la capacidad que históricamente ha tenido la Iglesia Católica para engordar su patrimonio sin necesidad de grandes esfuerzos, ya sea mediante donaciones o gangas o simplemente por su avispado oportunismo.
Esta semana hemos sabido, a través del Gobierno central, que solo entre 1998 y 2015 la iglesia inmatriculó -registró por primera vez- cerca de 35.000 propiedades repartidas por todo el país, abriendo ahora la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.
256 de esos bienes inmatriculados se hallan en la isla de Tenerife y 28, en La Laguna. Los casos más conocidos en nuestro municipio son los de la parroquia de San Ana, en la zona de El Ortigal, y los complejos parroquiales de San Jerónimo y de Santa María Madre de Jesús, en Taco. Este listado local se completa con parcelas de terrenos, edificaciones, ermitas y hasta alguna vivienda unifamiliar.
La bolsa de bienes irregularmente registrados por la Iglesia Católica en La Laguna no destaca a escala nacional, ni en número total ni por contar con templos de postín. Pero sí resulta llamativa en el ámbito insular y autonómico. Junto con Los Realejos, es el municipio de Tenerife que más casos presenta.
Los templos religiosos de Tenerife más llamativas del listado están en otros municipios de la Isla: Candelaria (Basílica de Nuestra Señora de Candelaria), Santa Cruz de Tenerife (iglesias de Nuestra Señora de la Concepción, de Nuestra Señora del Pilar y de San Francisco) y Tacoronte (Iglesia del Santísimo Cristo).
La iglesia se hizo con todo estos bienes inmuebles aprovechando una reforma del Reglamento Hipotecario impulsada por el Gobierno de José María Aznar en 1998, que le permitió inscribir cada uno de ellos a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Aquella reforma del reglamento fue derogada en 2015 y ahora, con la publicación de este listado, se abre la posibilidad de que cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, pueda reclamar la propiedad legítima de estos bienes. Podrían hacerlo por vía administrativa, para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente, pero también por la vía judicial. Atentos, pues, a lo que se viene.
